En un oficio enviado hace unos minutos al Ejecutivo, la Ministra Norma Piña aceptó a grandes rasgos la propuesta, aunque sin aclarar si se refiere a todos los fideicomisos, tres de los cuales financian pensiones complementarias de jueces, magistrados y mandos medios y superiores del PJF.»La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para poder continuar con su proyecto de vida», dice el oficio.

«Como lo he manifestado antes, desde el PJF estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inicio este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere», agrega.

Piña menciona que queda a la espera de la definición de un canal institucional para dialogar con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión.

Según fuentes judiciales, el oficio no fue discutido previamente con los demás Ministros y Ministras de la Corte.

Se trata de un intento por reparar la relación con el Ejecutivo, que se ha ido deteriorando desde que Piña fue electa Presidenta en enero pasado, luego de cuatro años de convivencia pacífica de López Obrador con su antecesor, Arturo Zaldívar.

Además de los fideicomisos, el PJF busca evitar una reducción sustancial a su Presupuesto de Egresos para 2024, que podría afectar la operación de los tribunales.

Luego de un paro de casi dos semanas, cientos de empleados judiciales ya han promovido amparos contra la extinción de fideicomisos. Para que la propuesta de López Obrador se pueda ejecutar, sería necesario que ningún juez conceda alguna suspensión que frene la reforma, por la cual el PJF tiene que enviar a la Tesorería de la Federación los recursos respectivos.

Piña no puede ordenarle a los jueces que nieguen dichas suspensiones, pero el PJF inicia mañana un puente que se prolongará el resto de la semana, durante el cual no se notificarán decisiones judiciales.

Una eventual negociación con el Gobierno podría permitir al PJF evitar la extinción total de los tres fideicomisos de pensiones, que suman saldo de 8 mil 739 millones de pesos y garantizan al personal de mando una jubilación superior a la que paga el ISSSTE.

Otros fideicomisos casi no se usan, entre ellos tres de la Corte que suman 2 mil 457 millones de pesos, mientras que el fondo para infraestructura necesaria para implementar reformas legales, tiene casi 4 mil 400 millones de pesos y podría seguir operando si se devuelve una parte de ese dinero.

La negociación también evitaría a la Corte fungir como juez y parte, pues tiene que resolver las acciones que diputados y senadores de oposición presentaran para impugnar la reforma legal.