Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

A estas últimas entidades de la administración pública federal también les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros.

El juzgador concedió la primera suspensión provisional contra el decreto de extinción, en un amparo que presentó ayer María del Carmen Cordero Martínez, quien es magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua. Es decir, el juzgador le concedió una medida cautelar a una superior jerárquica.

«(Se concede la suspensión provisional para) que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados, deben realizar lo siguiente: Se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF», dice el fallo del juez Luévano.

«Se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.

«Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación».

El juez de distrito precisa que los efectos de esta suspensión se traducen lisa y llanamente en que «los fideicomisos sigan con su operatividad regular en relación a la finalidad por la cual fueron creados».

Esta medida precautoria estará vigente por lo menos hasta el 9 de noviembre próximo, fecha en que el juez acordó llevar a cabo la audiencia incidental en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva, una decisión que podría frenar la extinción de los fideicomisos en forma indefinida.

El juzgador también ordenó acatar esta suspensión provisional a las entidades fiduciarias Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (Nafin).

«A efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se abstengan de entregar y/o transferir los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesofe y/o cualquier autoridad diversa de las facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación», señala el fallo.

Cabe decir que este litigio frena la aplicación del decreto de la reforma, publicado el pasado viernes, pero no impide que el PJF negocie eventualmente esos recursos con el Ejecutivo Federal, como hoy manifestó estar dispuesta la Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).