Nido de corrupción

Afirma una periodista y exfuncionaria que, tras ser nombrada titular de una dependencia gubernamental, encontró una gran corrupción. Por tratar de combatirla, y aplicar los criterios de austeridad del Presidente, fue objeto de presiones. El abogado del sindicato, principal fuente de esa corrupción, era padre de la funcionaria máxima encargada de resolver el problema. Cuando el Presidente ordenó la extinción de la entidad, el gobierno ofreció pagar indemnizaciones muy superiores a las debidas a cambio de que se entregara de manera ilegal un 20 por ciento para financiar una campaña electoral.

La narración no surge de un periodista de oposición, sino de Sanjuana Martínez, nombrada en 2019 por López Obrador directora general de Notimex, la agencia de noticias del gobierno. La descripción del caso la ha publicado en dos partes en La Jornada, el periódico más cercano al régimen.

Sanjuana afirma que Conrado Aguilar Velasco, dirigente del SutNotimex, el sindicato de la agencia, le envió a un «personero» para que autorizara un «apoyo» por 500 mil pesos que el anterior director entregaba mensualmente. Ella se negó y presentó denuncias contra él y los miembros del comité ejecutivo del sindicato, lo que llevó a la renuncia del líder. Después se presentó una mujer, Adriana Urrea, «prácticamente una aviadora», a quien nunca «habíamos visto desde nuestra llegada», que se ostentó como la nueva líder con una toma de nota de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a pesar de que no se habían realizado elecciones ni una asamblea sindical. Sanjuana dice que ella continuó con el proceso de eliminar corrupción y destituir a «aviadores».

Resultó, sin embargo, que Arturo Alcalde, litigante laboralista y padre de la secretaria del Trabajo, era el abogado del sindicato. Con «un tono como El Padrino» le dijo a Sanjuana que tenía que reinstalar a los trabajadores despedidos y le dio instrucciones para ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje con el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, para realizarlo. «Si no lo haces, lo que viene es la huelga», le dijo y la amenazó con que la difamarían. La huelga llegó, tras «un recuento fraudulento» avalado por las autoridades laborales, pero los trabajos administrativos continuaron hasta que se decidió cerrar Notimex en 2023.

El nuevo secretario del Trabajo, Marath Bolaños, ofreció una bolsa inflada de liquidaciones de 256 millones de pesos para «53 cachirules y solo 34 huelguistas», pero había que entregar 20 por ciento a la campaña de Claudia Sheinbaum. A Sanjuana le ofrecieron 11 millones para aceptar la oferta de José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo. «¿Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador?», preguntó Sanjuana; le respondieron que sí.

«Nos dejaron solos en nuestro combate a la corrupción endémica que sufría Notimex», escribe Sanjuana. El gobierno cubrió los 256 millones de pesos, pero «es costumbre pagar 30 por ciento, es decir, 76 millones de pesos, a los abogados laboralistas», esto es, a Arturo Alcalde. Mientras los cachirules y corruptos se enriquecieron, el equipo de Notimex que realmente trabajaba recibió «ínfimas cantidades de liquidación… que ni siquiera cumplen con el marco legal… Tal parece que el trato recibido es una venganza».

Los textos publicados por Sanjuana el 8 y el 9 de enero son una denuncia importante. Revelan no solo posibles actos de corrupción, sino también un esquema para desviar dinero público a una campaña presidencial. Se requiere una investigación a fondo e imparcial.

· GASOLINA

Ayer AMLO volvió a criticar sin leer un artículo mío, «El gasolinazo», del 3 de enero. Además de descalificarme en lo personal, por enésima vez, dijo que yo afirmé que la gasolina estaba en 30 pesos por litro. Si me hubiera leído, sabría que escribí que el precio promedio de la Magna el 2 de enero estaba en 22.30.

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